Santa Cruz de Tenerife vuelve a dilatar la retirada del monumento a Franco y el Gobierno canario estudia actuar de oficio

Santa Cruz de Tenerife vuelve a dilatar la retirada del monumento a Franco y el Gobierno canario estudia actuar de oficio

Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a dilatar la retirada de su monumento a Franco y de los más de 70 vestigios que siguen en pie en la ciudad. El consistorio (gobernado por Coalición Canaria y PP) ha presentado ya un recurso contra el catálogo de vestigios de Canarias, que se aprobó con la publicación de los elementos que la capital tinerfeña debería retirar por incumplir hasta tres leyes de memoria histórica y que se irá actualizando con el resto de ayuntamientos progresivamente. El recurso, explican fuentes municipales, no entra en el fondo de la cuestión, y desde el Gobierno de Canarias aseguran que, de ser admitido a trámite, presentarán la documentación que avala que el catálogo podía ser aprobado por partes. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, señala que se están estudiando todas las vías con la nueva Ley de Memoria Democrática y no descartan actuar de oficio para poder retirar el monumento ante la negativa del consistorio.  

“La nueva ley de Memoria Democrática contempla la creación de la Fiscalía de Memoria Histórica y, si se crea en los próximos meses, vamos a aplicar todas las vías necesarias para cumplir con la reparación moral de las víctimas”, insiste Márquez. Subraya que existe un informe facultativo que solicitó a la Secretaría General Técnica para que se aclarara si el catálogo de vestigios podía ser publicado por partes. “Podemos ir actualizando el catálogo, porque la ley habla de un catálogo territorial canario”, remarca. Una cuestión que coincide con que paralelamente se están realizando las consultas legales pertinentes para actuar de oficio y poder acelerar la eliminación de esos vestigios. 

La posibilidad de interposición de recurso venía contemplada en la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del catálogo de vestigios el pasado mes de noviembre, donde se especificaba que podría presentarse ante la Consejería de Educación y cultura o directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC) ya había señalado en diversas ocasiones que recurriría por entender que “no se ajusta a la ley” al incluir únicamente los incumplimientos en materia de memoria histórica de este municipio. El viceconsejero de cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, también había aclarado entonces que los servicios jurídicos sí que avalan la posibilidad de ir aprobando el catálogo de vestigios por partes, y que a Santa Cruz de Tenerife no le hace falta contar con otros catálogos para hacer lo que mandatan tres leyes de memoria democrática. 

Márquez insiste en que no se ha recurrido el contenido del catálogo, sino que desde el Ayuntamiento se está buscando un posible error de forma en el procedimiento administrativo y retrasando el proceso. Por ello, remarca que paralelamente a lo que ocurra con ese recurso en el juzgado, se está trabajando con el marco de la nueva ley y realizando las consultas jurídicas sobre qué hacer en el caso de que un ayuntamiento se niegue a cumplir la ley. “Es complejo pero vamos a agotar todas las vías”, apunta. 

No es la primera vez que Santa Cruz de Tenerife dilata la retirada de este monumento. Ya en el año 2017 el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz envió un requerimiento al Consistorio y después llevó el caso a los juzgados. Entonces, Bermúdez pudo eludir responsabilidades jurídicas al alegar que había encargado un estudio sobre los vestigios franquistas que quedan en su ciudad y sobre el posible valor artístico de ese monumento. En 2019, este estudio, liderado por la investigadora Maissa Navarro (que también está al frente del catálogo de vestigios de toda la comunidad autónoma) concluía que ese monumento debería ser retirado. 

Se trata de un complejo escultórico que carece en la actualidad de declaraciones de valor que lleven a su protección como bien de patrimonio artístico, arquitectónico o artístico-religioso. Por ello el catálogo de vestigios concluye que “ no es preceptiva su conservación como monumento en su conjunto, teniendo en cuenta que es un complejo que vulnera los principios democráticos de convivencia, y contribuye a la distorsión de la verdad histórica al tiempo que es la muestra más exacerbada de exaltación al dictador como figura mesiánica”.

Además,  el catálogo de Canarias subraya que Santa Cruz de Tenerife presenta “uno de los casos más intensos” de España con una gran concentración de elementos conmemorativos del régimen “de dimensiones monumentales en una superficie muy reducida”. La isla de Tenerife, residencia de Franco en aquel momento, se convirtió de este modo en “una referencia en la cartografía de los emblemas de la Victoria en el momento en el que avanzó la supremacía del bando rebelde”.  Hay otros elementos que se señalan en el catálogo como retirar los leones y las lápidas conmemorativas del Mercado de África, en la contextualización del Monumento a Los Caídos, la retirada de la inscripción del arco de la barriada General García-Escámez y del Obelisco en exaltación a Francisco Escámez. Así mismo hace mención a varios bustos, además de calles franquistas que habrá que cambiar. El catálogo de más de 2.000 páginas documenta cada uno de los nombres o vestigios y una propuesta para adaptar a la Ley de Memoria Democrática.

El próximo mes de marzo el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias adelanta que se espera contar con el catálogo de vestigios de las siete capitales del Archipiélago. Destaca que, pese a los esfuerzos de las instituciones, es cierto que en Las Palmas de Gran Canaria también quedan resquicios del Franquismo. En cualquier caso, en Santa Cruz de Tenerife destaca la peculiaridad de que mantiene un monumento al dictador y concentra una elevada cantidad de vestigios que lo convierten continuamente en noticia nacional. 

Márquez se muestra convencido de que los ayuntamientos van a colaborar en la retirada de esos elementos franquistas que perviven una vez se disponga de ese catálogo en marzo. Para ello se firmó un convenio con investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) liderado por la investigadora María Isabel Navarro así como Ricardo Guerra Palmero, Jesús Pérez Morera, profesor de Historia del Arte; Domingo Gari-Montllor Hayek, profesor de Historia Contemporánea o Yolanda Peralta Sierra. 

Sobre la polémica con la Hélice del Crucero Canarias, que participó en el ataque sobre la población civil que huía desde Málaga, es decir, en la masacre conocida como la Desbandá. Fue uno de los elementos destacados en el Catálogo de Vestigios Franquistas y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife lo eliminó rápidamente. La polémica ha surgido porque esa hélice se encuentra ahora en el Museo Naval de Las Palmas. Márquez destaca que el Museo Naval ha requerido esa hélice para depositarla en sus almacenes, como ha ocurrido en otras ocasiones con elementos del franquismo que son retirados y acaban en almacenes militares. El viceconsejero aclara que si es expuesta, el Gobierno lo denunciará, pero entiende que no es el caso.

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