Elección de nuevo fiscal nacional

El proceso para elegir al nuevo fiscal nacional del Ministerio Público finalmente ha concluido luego de dos intentos fallidos, en que los candidatos propuestos por el Ejecutivo no lograron los votos suficientes en el Senado. La tercera carta propuesta, el abogado Ángel Valencia, logró esta vez reunir 40 votos, superando el exigente quórum de dos tercios que establece la Constitución. Con ello se pone fin a un capítulo extenuante, que mantuvo por 100 días vacante la dirección superior de un organismo fundamental en la persecución del delito, una grave anomalía que vuelve a poner de relieve la imprevisión con que el Ejecutivo aborda cuestiones fundamentales en materia de políticas públicas.

A lo largo de este proceso quedaron a la vista descalificaciones y abanderamientos de algunos parlamentarios que sin duda empañaron esta elección, pero que aún así no excusa que la principal responsabilidad de esta enorme dilación recae en el Ejecutivo, que falló en su tarea esencial que era asegurar los votos necesarios para lograr la aprobación del nuevo fiscal. El primer intento, con el candidato José Morales, se perdió porque faltaron dos votos del oficialismo, mientras que con la segunda candidata, la jefa de la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, se insistió en proponer dicho nombre a sabiendas de que no contaba con los votos suficientes.

Dichas fallas no solo llevaron a tensionar innecesariamente la relación con la Corte Suprema, toda vez que el Presidente de la República llamó directamente al presidente del máximo tribunal para sondear la posibilidad de que el pleno convocara a un nuevo concurso -algo que muchos vieron como una intromisión en una esfera de estricta competencia del Poder Judicial-, sino que además dio la impresión de que el gobierno no tenía como interés máximo cuidar la institucionalidad del Ministerio Público y llenar prontamente la vacante. El candidato Valencia estaba entre las dos primeras mayorías cuando la Corte Suprema definió la quina original y contaba con apoyos transversales en el Senado, por lo que resulta inexplicable que se haya optado por él en una tercera instancia.

Tal como se ha podido comprobar en una serie de materias -el caso de los indultos ha sido en tal sentido el caso más emblemático-, la desprolijidad y el voluntarismo quedaron de manifiesto en este caso, un proceder que debe ser corregido porque al final se perjudican los intereses del país.

Según se ha podido constatar, una de las razones por las cuales había reticencia en el gobierno para nombrar al abogado Valencia eran los resquemores que despertaba en algunos sectores -particularmente en el Ministerio de la Mujer- las causas judiciales que llevó como abogado, algunas de las cuales se referían a personas acusadas de abusos sexuales. Eso implicaba cuestionar el desempeño profesional de cualquier abogado y poner en entredicho el derecho a defensa que le asiste a toda persona, por lo que cabe esperar que a partir de este episodio este tipo de visiones hayan quedado definitivamente superadas.

La llegada de una figura externa al Ministerio Público probablemente permitirá abordar con nuevos enfoques y miradas más frescas los problemas que largamente han sido diagnosticados en la institución, y que se han traducido en prácticas endogámicas e insuficiente respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, cada vez más afectada por el aumento de la delincuencia, el crimen organizado y otras formas de violencia.

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