La incipiente inflación registrada a lo largo del año 2021, los altísimos niveles anotados en 2022 y los coletazos que todavía se prevén en el nuevo ejercicio amenazan con echar por tierra una de las medidas estrella de la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda: la regulación de los precios del alquiler. La razón se encuentra en la letra pequeña del anteproyecto de ley que el Gobierno empezó a redactar cuando la inflación era testimonial, y que vinculaba los futuros topes a las rentas a la evolución del IPC. Por eso, y ante el temor a que la norma quede descafeinada, el Ejecutivo y sus socios habituales negocian para rediseñar el texto aprovechando su paso por el Congreso, según explican fuentes conocedoras de dentro y fuera de la coalición.
