Aumenta presión para que gobierno busque fórmula jurídica para revocar beneficios a condenados del 18-O

Aunque desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric se ha enfatizado en que la crisis política derivada de los 13 indultos particulares concedidos ya se debe dar por cerrada, pareciera que cada día la discusión al respecto suma nuevos elementos que reactivan el debate.

Eso pasó la tarde el martes, luego de que La Tercera PM revelara que la mitad de condenados por el estallido y que fueron indultados tenían condenas previas y acumulaban 52 detenciones policiales anteriores.

En concreto, Juan Olguín, Bastián Campos, Jordano Santander, Brandon Rojas, Luis Castillo y Sebastián Montenegro fueron sentenciados por delitos comunes, además de los cargos que enfrentaron en las causas por las que fueron indultados por el Presidente. En cuanto a sus arrestos, se repiten casos de robos, hurtos, amenazas y drogas.

El prontuario de los indultados por el gobierno: seis fueron condenados por delitos distintos al estallido y acumulan 52 detenciones policiales

De inmediato, la noticia desencadenó una ola de reacciones en la oposición, la que aumentó la presión para que el gobierno revoque los beneficios. Por ejemplo, el diputado de Evópoli Francisco Undurraga tildó de “repudiable” que seis de los doce indultados fuesen condenados por delitos ajenos del tiempo del estallido social. “Todos los compromisos por la seguridad del gobierno quedan absolutamente desvirtuados con las acciones reales que cometen”, sostuvo el jefe de bancada Evópoli.

Por su lado, el diputado Andrés Longton (RN) afirmó que le costó entender la medida. “Lo más preocupante es que el Presidente, en vez de enmendar esta ilegalidad, da vuelta la página”, expresó el líder de su partido en la Cámara Baja. En cuanto a eventuales implicancias políticas, Longton agregó que evalúan qué medidas tomar. Pese a ello, hizo el llamado al presidente Boric para que “actúe desde la responsabilidad y el sentido común e invalide los decretos”. En paralelo, el senador Manuel José Ossandón (RN) calificó al gobierno como “completamente amateur y que funciona sobre la base de ideología e impulsos”.

Pero Chile Vamos no se quedó solo en reacciones. Los diputados de la comisión de seguridad Diego Schalper (RN) y Henry Leal (UDI) solicitaron al presidente de la Comisión, Jorge Alessandri (UDI), una sesión especial para el estudio de los indultos. “Han sido demasiadas las desprolijidades, los errores comunicacionales y administrativos que han salido a la luz pública”, argumentó Leal. A la comisión se pretende invitar a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, al exjefe de gabinete del Presidente, Matías Meza-Lopehandía, y “a todos los involucrados”, según establecieron los precursores de la moción.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, José Carlos Meza, dijo que “esto da cuenta de la desprolijidad del equipo de gobierno al autorizar estos indultos que, a todas luces, son irregulares”. En tanto, el diputado republicano Cristian Araya se refirió al indulto como un “gustito personal del Presidente” y evaluó que la liberación de los seis indultados con condenas previas como una “evidencia que al Presidente y su equipo de confianza no tienen como prioridad la seguridad de los chilenos”.

El nuevo antecedente también levantó críticas más allá de la derecha. El jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, sostuvo que “cada día que pasa la situación respecto de los indultos que entregó el Presidente Gabriel Boric se hace más compleja. Cada día se hace más evidente que el gobierno debiese revocar un número importante, hoy día seis, de esos indultos, no están los fundamentos para ellos (…). Los indultos pueden ser el estallido social que viva el gobierno, lo ha enfrentado a una situación de crisis sin precedentes”.

Por su parte, la diputada independiente del Centro Democrático Unido, Joanna Pérez, dijo que “el hecho que seis de los doce indultados tengan condenas por delitos distintos a los asociados al estallido social viene a reforzar la tesis de que todo el proceso de los indultos ha estado marcado por desprolijidades, por lo que se hace necesario que el gobierno los invalide. Según lo planteado por la propia ministra Vallejo, el criterio que fijó el Presidente fue que las personas indultadas no tuvieran antecedentes complejos previos al estallido, y acá estamos, viendo que el 50% de los indultados venía arrastrando problemas con la justicia”.

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) emplazó al Presidente Boric a través de sus redes sociales “a no persistir en el error. Es inaceptable que en un momento de alta inseguridad, de crisis del orden público, no revierta al menos los indultos de (Jorge) Mateluna y (Luis) Castillo”. Su par, el senador Matías Walker declaró que “pedimos que el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, que es un experto en derecho administrativo, busque todas las fórmulas para dejar sin efectos estos decretos, a partir del reconocimiento que hizo la vocera de que el Presidente no tenía todos los antecedentes”.

La caja de Pandora que abrió la ministra Vallejo y que profundizó la crisis desatada por los indultos

Los antecedentes de este grupo de indultados incluso generó cuestionamientos dentro de la propia alianza de gobierno. El diputado socialista Tomás de Rementería dijo que “estas personas fueron indultadas solo por los delitos ocurridos en el contexto del estallido y eso es una facultad presidencial” y añadió que “desde el punto de vista político sin duda hay elementos que hacen cuestionables los indultos, ya que estamos ante delincuentes comunes que con oportunidad del estallido continuaron su historial delictual”.

Más crítico aún fue el diputado radical Tomás Lagomarsino, quien dijo que “es claro que no deberían ser indultadas personas con dicho prontuario delictual. Estoy esperando ver qué va a hacer el gobierno para enmendar esta decisión que ellos mismos han señalado que se tomó sin tener a la vista todos los antecedentes necesarios”.

Otros, en cambio, matizaron los críticas. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), señaló que “esta es una facultad exclusiva del Presidente, por lo tanto a él le ha correspondido evaluar los casos” y aclaró que “con respecto a las llamadas desprolijidades, utilizo las mismas palabras que usó el Presidente, él hizo valer la responsabilidad política con los cambios que anunció el fin de semana”.

En esta misma línea, el diputado comunista Luis Cuello señaló que “entiendo que hay uno en particular que tiene más condenas anteriores y por supuesto que eso tiene relación precisamente con algunas desprolijidades que se incurrieron, pero en general las personas que fueron beneficiadas sí cometieron delitos vinculados al estallido”. De la misma forma, agregó que “acá se está concediendo un indulto justamente, primero para cumplir con un compromiso y en segundo lugar también para cerrar una etapa que tiene que ver con la persecución y la batalla contra los derechos humanos cometidos durante el estallido”.

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